No es fácil, resulta casi imposible, enterarse por los telediarios del fiasco de los hospitales de campaña levantados por el gobierno PSOE/Compromís que preside Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, y pocas referencias hallaremos también en cualquier tipo de prensa escrita o hablada, como poco hemos oído hablar de los chanchullos del hermanísimo, Francis Puig, y sus contrataciones amañadas con información privilegiada. Ya sabemos aquello de las varas de medir, porque otra cosa sería, por ejemplo, el tema de los trajes de Camps por mucho que sus causas hayan sido archivadas.

La Generalitat Valenciana, a raíz del coronavirus, encargó  la ejecución de un sistema, a base de carpas anejas a los grandes hospitales de las tres capitales de provincia, para reforzar el sistema sanitario, pero  la Agencia Valenciana Antifraude está investigando si la ejecución de dichas obras, encargadas a dedo y por el procedimiento de emergencia a la mercantil IDAT (¡cuyo capital social era solo de 3.000 euros en febrero de 2.020!)  cumple los requisitos mínimos de la ley de contratación del sector público.  Las instalaciones no fueron inauguradas por la discrepancia con la empresa constructora, ya que al parecer el coste que pretende cobrar IDAT es el doble de los 4,8 millones presupuestados, alegando posteriores modificaciones ordenadas por la Generalitat. A estas contrataciones hay que añadir la de otro contrato de equipamiento para los hospitales por valor de 4,16 millones.

Estas instalaciones, pensadas para albergar a 1.100 pacientes, a día de hoy, con Valencia instalada en una terrible crisis sanitaria, siguen infrautilizadas y en ellas no se está tratando a ningún paciente de Covid.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha construido en tiempo record un hospital, el Isabel Zendal, con un coste evidentemente muy superior al anterior porque no se trataba solo de un hospital de campaña sino de un centro hospitalario en toda regla, un hospital público -sí público-, para ser dedicado específica y preferencialmente a combatir pandemias, cuyo coste ascendió a 100 millones de euros -un zendal como ha sido humorísticamente calificada la cantidad-, la licitud de cuyo contrato nadie ha puesto en duda ni está sometida a investigación alguna, pero que ha sido objeto de numerosas críticas, interesadas, desde una izquierda y sus compañeros de viaje, que llevan meses en descarnada lucha abierta contra la presidencia de Isabel Ayuso, críticas que empezaron por decir que no se podía terminar en el plazo previsto -algo que sí se hizo-, para continuar poniendo en duda su utilidad u organizar manifestaciones de protesta a las puertas del centro, repletas de activistas y liberados sindicales, o afirmar que no habría personal suficiente, o que el hospital estaría infrautilizado y hasta lograr que algunos sanitarios llegaran a negarse a trabajar en el mismo.

A día de hoy el Hospital Isabel Zendal  dispone de más de 700 profesionales y ha atendido a más de 800 pacientes de Covid. De lo que no cabe ninguna duda es de que ante las olas de contagios que siguen creciendo, ha sido un pleno acierto haberlo  construido, como lo fue en su día el hospital de campaña de Ifema que ningún miembro del gobierno se dignó visitar, aunque sí lo hizo Su Majestad el Rey dándoles una vez más una lección de clase y saber estar. Contra viento y marea lucha y luchará Ayuso, la que nunca se rinde, la testaruda que trabaja por su ciudadanía, la que sin duda puede cometer errores, pero a la que los madrileños sabrán agradecer el esfuerzo y la que ganará holgadamente las próximas elecciones autonómicas mal que pese a quien pese.

Un zendal es mucho dinero, un derroche dicen desde el gobierno. Pero lo dicen los mismos que se han sacado de la manga un ministerio de consumo, el de Alberto Garzón, perfectamente prescindible, con un presupuesto de 41 millones, y otro departamento ministerial tan innecesario como el anterior (los dos fueron solo direcciones generales), el ministerio de igualdad, ambos con sus cohorte de cargos, carguillos, carguetes, asesores y enchufados varios, el ministerio de nuestra Elena Ceausescu particular, Irene Montero -esa mente superior que quiere que todos nos podamos cambiar de sexo así sin más, solo con decirlo y por voluntad propia-, a la que le han asignado un presupuesto de más de cuatro zendales para repartirlos fundamentalmente entre correligionarias, a  entes como la “federación de mujeres progresistas”, la “asociación de mujeres progresistas Victoria Kent”, la “unión estatal de jubilados y pensionistas de UGT”, la “federación estatal de lesbianas, gays, trans y bisexuales”, la “asociación cultural de minorías étnicas” y un sinfín de otras que sería prolijo enumerar, más subvenciones a cientos de proyectos con muy poco sentido.

Pues bendito sea el zendal gastado en el hospital Zendal que seguro salvará muchas vidas.