En un estado democrático que esté plenamente homologado como tal, y España lo está, en un país como el español en el que la justicia es independiente, aunque en ocasiones nos suscite dudas razonables, las sentencias de los Tribunales deben acatarse siempre, se esté o no de acuerdo con ellas.

Los dos últimos fallos del Tribunal Supremo han originado enormes controversias porque en ambos hay opiniones muy enfrentadas, laudos que, nos gusten o no, han de ser admitidos en todas las ocasiones.

La primera de estas sentencias es la de la exhumación del dictador Francisco Franco. Podremos tener todo el derecho a disentir de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la conocida como Ley de Memoria Histórica; podemos también estar en desacuerdo con cualquier resolución judicial, pero desde luego no cabe otra actitud que la de la aceptarla porque, además y en este caso, el Tribunal no podía hacer otra cosa sino avalar que la decisión del gobierno se ajustaba a la ley vigente, sea o no una ley justa, porque la función del juez no es la de validar o invalidar las leyes, sino aplicarlas. Si se puede o no entrar por las buenas en lugar Sagrado no era objeto del recurso y ya veremos si se acepta esa premisa -no parece que tal vaya a ocurrir-, tampoco sabemos si la familia de Franco puede o quiere presentar nuevas apelaciones, pero, por el momento, el Tribunal se ha limitado ha decir que se cumpla la Ley actual.

Sin embargo no podemos sustraernos a decir que nos queda la duda de si era o no misión del TC decidir en qué lugar se podía, o no, enterrar el difunto. Ciertamente no parece ni acertado ni conveniente inhumarlo en el cementerio de La Almudena por razones obvias, pero nada debería poder impedir que las familias entierren a sus muertos donde crean conveniente siempre que ello no contravenga la legalidad y ese no parece ser el caso.

La segunda sentencia discutida es la del juicio a los separatistas catalanes que pretendieron, de ridícula manera, proclamar la independencia de una región de España o al menos promover un referéndum a todas luces ilegal.

La condena por delito de sedición, como era previsible, no contentó a casi nadie. Ya se sabía que los catalanistas excluyentes no aceptarían otra cosa que no fuese la absolución, exculpación que bien sabían que era imposible, pero la opinión de estos estultos xenófobos no merece que le dediquemos la menor atención, ni siquiera aunque dos conocidos “cultos e intelectuales” ex futbolistas defiendan su postura.

Entre la gente más o menos sensata, también hay quien opina que las condenas o son escasas, o son justas, o son excesivas. Pero lo cierto es que lo que realmente se dirimía era si los delitos debían ser calificados como de rebelión o de sedición y la tesis que se acabó imponiendo entre los miembros del jurado fue la de condenarles solo por sedición, con lo que las penas impuestas fueron menores de lo que muchos esperaban. En el juicio, la Fiscalía pudo demostrar que existió violencia en la comisión de los delitos y pidió que fueran condenados por rebelión, algunos de los miembros del Tribunal también estaban a favor de esta última tipificación pero a lo que no estaba dispuesto el juez Marchena, presidente del Tribunal, era a que la sentencia no fuera dictada por unanimidad ni existieran votos particulares. El proceso fue escrupuloso y la sentencia también debía ser sólida y contribuir a evitar que cualquier recurso de los condenados ante la Corte Europea de Derechos Humanos pudiera tumbar la resolución del TS español. “Existió violencia pero no la suficiente para considerarla como delito de rebelión” fue el razonamiento expuesto. Aquí y ahora  creemos que lo acontecido en Cataluña durante los llamados sucesos del 1-O se parecía más a una rebelión que a una sedición, pero el antes citado y todos los considerandos que el Tribunal haya tenido en cuenta son válidos y su decisión final es la que debe imperar e impera.

Lo más importante es que haya quedado demostrado que en España hay que cumplir las leyes y que quien la hace, antes o después, la paga. Siempre. O casi siempre, porque lo que no alcanzamos a entender del todo es que no se accediese a la petición de la Fiscalía de que los condenados cumpliesen la mitad de la condena antes de poder acogerse a beneficios penitenciarios y dejar a Torra y sus secuaces la posibilidad de aplicárselos muy pronto.

Pero la peligrosa deriva, el cariz que llevan tomado los acontecimientos desde hace algunos años, resulta más que preocupante. Con un gobierno catalán que después de las condenas sigue diciendo “lo volveremos a hacer”, con un “poc honorable President Torra" sospechosísimo de estar detrás de los últimos detenidos por, presuntamente, estar fabricando artefactos explosivos aunque fueran caseros y con más que previsibles intenciones de atentar. Con tantas y tantas nefastas y nefandas actuaciones, cual la reciente resolución del Parlament Catalá para respaldar a los CDR encarcelados o la de exigir la retirada de Cataluña de la Guardia Civil, o esbozar en dicha sede parlamentaria las líneas maestras de lo que acabaron siendo los disturbios tras la publicación de las condenas por el “proces”...

No vamos a perder el tiempo citando tantísimas ofensas a España y a los españoles. No nos vamos a entretener en relatar todas las barbaridades en que estos bucéfalos han incurrido porque de sobra son conocidos, pero seguimos estando asombrados de que alguna vez alguien haya podido creer que con estos personajes tipo Puigdemont o Torra se podía establecer algún tipo de diálogo. Claro que el diálogo es el mejor camino para solucionar los problemas. Casi siempre. Pero hay excepciones, esta era una de ellas y estaba muy claro.

Pero aun quedan tontos que siguen pidiendo que se hable con los golpistas. Quizá los mismos que opinan que alguien puede dialogar con quien se dispone a llevar a cabo su violación.

Estamos en precampaña electoral y ahora hasta el actual gobierno en funciones esboza tímidamente la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución u otras medidas coercitivas. Puede que sea la pose que ahora consideran más rentable, ya veremos.

Artículo 155, Ley de Seguridad Nacional, intervención de cuentas, extremar la inspección de la enseñanza en Cataluña, control anti barbaridades de TV3 con comentarios tales como el que una dama  allí expresó: “puede que tengan bombas pero son inocentes”, el caso de RAC1… Doctores tiene la Santa Madre Iglesia pero algo habrá que hacer. Y pronto.