Se diría que la mayoría de los ciudadanos de este país no es consciente de la burda campaña que se está tejiendo contra la Monarquía Parlamentaria y Constitucional, la forma de estado que rige en España desde la aprobación y entrada en vigor de la Carta Magna, el seis de diciembre de 1.978.
No nos damos cuenta, y eso es peligroso, porque el ansia liberticida viene disfrazada machaconamente en muchos medios de comunicación de los que fueron subvencionados por el estado, que son la mayoría, a través de informaciones que atañen al Rey Emérito, don Juan Carlos I.
Que la labor de don Juan Carlos a favor de la convivencia pacífica de los españoles y la instauración de la democracia a partir de la muerte de Franco entraña un extraordinario mérito, es un dato que muy pocos se atreverían a contradecir. Pero sin duda la ley debe prevalecer y todas las responsabilidades deben ser depuradas por la justicia. Que don Juan Carlos ha sido un hombre de entrepierna desbocada es un hecho que ofrece pocas dudas, pero que todas las acusaciones sobre sus presuntos delitos económicos partan de la denuncia de una señora, ya imputada por el juez, cuya conducta no ha sido muy acorde a la moralidad y de una conversación suya en una grabación que tiene todos los visos de haber sido pactada con un policía delincuente que se encuentra cumpliendo condena por corrupción debería otorgarle, al menos, el beneficio de la duda y respetarse el principio de presunción de inocencia. Tendrá que sufrir la llamada pena del telediario, aunque sea poco probable que Rey Emérito sea condenado dado el hecho de que, quizás, cuando los presuntos delitos fueran cometidos, gozara de inviolabilidad -algo injusto que tal vez debiera ser revisado, pero ahí está-.
La prensa tiene la obligación de señalar todo aquello que considere que ofrece signos de irregularidad, por supuesto. Lo no admisible es el encono en dedicar a estas informaciones tantas horas y mucho más espacio que los dedicados a informar de otras noticias y de las muchas presuntas irregularidades que afectan a otros personajes mediáticos, sobre todo si son de izquierdas; verbigracia las denuncias de un ex abogado de Podemos sobre la presunta existencia de una, ¡caramba!, caja B en ese partido, o el caso Dina, el caso Delcy Rodriguez, etc.
Y es que detrás de todo ello se percibe, es muy evidente, un claro ataque, no solo contra el personaje de don Juan Carlos sino contra la Monarquía como modelo de estado. Que un partido como Podemos esté fomentando esa campaña es algo que no sorprende porque, si algo podemos afirmar de esa formación, es que su postura siempre es clara aunque se disfracen de buenismo, y ni quieren ni pueden engañar sobre sus intenciones de echar por tierra el “Régimen del 78". Desconcierta más la actitud de este PSOE actual, o una parte de él, que por un lado parece concordar con estas mismas posturas y por otro mantiene una actitud tan firme como la que mostró la Vicepresidenta Carmen Calvo al contestar a una intervención parlamentaria de Bildu con absoluta claridad que “la jefatura del estado no está en cuestión”. Pues a demostrarlo señora Calvo y compañeros. También hizo recientemente unas declaraciones el presidente Sánchez en el mismo sentido, aunque sus muchas actuaciones equívocas anteriores, la falta de fiablidad y la doblez de tan compulsivo y mentiroso personaje nos hacen desconfiar; sintiéndolo, pero es lo que se ha ganado a pulso.
(Continuaremos con una segunda y próxima entrega. Será mañana)
