El gobierno ha impuesto el confinamiento a la Comunidad de Madrid, algo que jamás se hubiera atrevido a hacer con Cataluña o el País Vasco, un confinamiento  fuera de toda lógica y después de escenificar a bombo y platillo un falso acercamiento a su presidenta para atacarla por tierra mar y aire apenas cuarenta y ocho horas más tarde -contraprogramación de rueda de prensa incluida-, sin asesoramiento de comité científico conocido porque no existe, sin concederle un tiempo mínimo para comprobar si sus propias decisiones obtenían resultados positivos -como así parece ser-, sin atreverse a declarar un nuevo estado de alarma -al que tanto recurrió en tiempo pasado-, sin siquiera decretar ese confinamiento mediante Orden Ministerial sino por una simple decisión administrativa, procedimiento de dudosa legalidad –la justicia determinará si es legal-, sin controlar a los viajeros que a pesar del confinamiento seguirán llegando (¿…?) a través del aeropuerto de Barajas, sin que ahora a los manifestantes que fueran azuzados desde el propio gobierno contra las medidas de Ayuso les parezca mal el endurecimiento de las mismas y, sobre todo, con el más que previsible caos económico que se va a producir a una Comunidad que es el principal motor económico de España y en la que durante los últimos 25 años han prevalecido con patente éxito  las políticas económicas liberales.

Y esa prevalencia es algo que duele mucho a esa izquierda sanchiglesiana desquiciada que, siguiendo las pautas revolucionarias clásicas, primero se tiene que arruinar a un país para después aparecer como sus salvadores, mantienendo una sociedad empobrecida pero subsidiada y agradecida. Tal como refrenda el filósofo Antonio Escohotado, esa es la clásica hoja de ruta comunista; ruta que se diría que a Sánchez no le molesta acogerse.

Mientras tanto, en el propio gobierno de la CAM no acaban de ponerse de acuerdo e Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad y perteneciente a Ciudadanos, más parece estar en desacuerdo que tener empatía con Ayuso, a la vez que el Concejal de Políticas Sociales, también de Ciudadanos, Alberto Reyero, ha dimitido mostrando su disconformidad. Y mucho tememos que si el socio del PP en el gobierno de Madrid no se aviene a  la moción de censura que pretende la izquierda, no será por falta de ganas sino porque deben saber que eso sería tanto como firmar su propia acta de defunción como partido de carácter nacional.

Lo cierto es que tampoco Casado, sumido en sus propias contradicciones e incertidumbres internas, parece estar apoyando con la energía que cabria suponer, a una de sus presidentas estrella y da la impresión de que, ultimamente, está recibiendo más respaldo moral de Vox que de su propia formación política. Cosas veredes.