Josep Borrell, el político por muchos considerado como el socialista moderado y sensato, quien fuera alejado del gobierno para satisfacer los deseos del fanatismo catalanista trastornado -eso les suena ¿verdad?-, y premiados sus servicios con un goloso puesto en la UE, nada menos que Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, el conocido como Mister PESC, ha debido querer mostrar, una vez más, su fiel sumisión al líder de la formación a la que pertenece, de la que además es presidenta su esposa doña Cristina Narbona, o dejar patente su agradecimiento al dúo tóxico, la pareja que dice gobernarnos y no para de sorprendernos con astracanadas un día sí y al siguiente también.
Lo anunciábamos no ha mucho, mas bien lo temíamos, pero finalmente se confirmó que el bueno de don Josep había enviado una comisión diplomática a Venezuela por su cuenta y riesgo, sin contar con nadie, sin el conocimiento ni la autorización de una cabreada presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para establecer contacto con el gobierno criminal de Maduro y hacer una nefanda mediación con la que los Estados Unidos y la Unión Europea están en absoluto desacuerdo.
¿A quién se trataba de satisfacer con el disparate?¿Sirven para algo estas iniciativas?. Que cada cual saque sus conclusiones pero estas son las barbaridades que están restando cada vez más credibilidad al (des)gobierno de España en el concierto internacional.
En su deriva hacia lo que puede pretender ser el fin del régimen del 78, la demolición de la Constitución actual, el fin de la Monarquía y de lo que es el estado de derecho en una democracia liberal, en su afán por controlar todos los poderes del estado, y a la vista de la dificultad para alcanzar acuerdos con la oposición, con el auxilio de la izquierda totalitaria y el nacionalismo más corrompido, Sánchez dice disponerse a modificar el sistema de nombrar el Consejo General del Poder Judicial del modo que más le gusta: el Decreto Ley. Se terminaría así con el sistema ideado por el socialismo de Felipe González de que los ocho jueces no nombrados por mayoría absoluta, los ocho que ahora necesitan el consenso de los dos tercios de ambas Cámaras (Congreso y Senado) fueran, de tal modo, designados al gusto del gobierno que controla las mayorías parlamentarias y así tener en sus manos todos los poderes del estado.
Tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas se oponen rotundamente y de la cuarta mejor ni hablar pero la cosa no pinta bien. Quizá el gobierno no haya querido considerar que en un futuro, cuando ya no goce de la mayoría suficiente, el sistema facilitaría que los que hoy ejercen de oposición pudieran ejercer el mismo abuso que ahora ellos pretenden. Esperamos que, al menos, todo se deba al cortoplacismo con que el gobierno actual se desenvuelve, porque no nos atrevemos a especular con una posible intención de perpetuarse en el poder al modo bolivariano que, por lo menos algunos, implantarían de muy buen gusto.
Y mientras, después de una muy negligente e incompetente gestión inicial -y final- de las crisis sanitaria y económica, una vez declarado pomposamente en julio que ya habíamos vencido al virus, tomarse unas buenas vacaciones y delegar insensatamente toda la responsabilidad en las Comunidades Autónomas, mientras continúa batiendo records de impericia en el concierto internacional, el gobierno sigue intentando promulgar leyes de memorias histriónicas que enfrenten a unos españoles con otros, sigue tratando de ocultar el número de muertos a causa de la pandemia, quiere utilizar los Decretos para gobernar y presume del ande yo caliente y ríase la gente. Así nos va.
