/ Rarezas de la política

La Fiscalía General del Estado, otra regalía de los gobiernos

Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria.
Mahatma Gandhi

Finalmente ocurrió lo previsible; ocurrió lo esperado, aunque contrariase lo que más de uno esperaba. A falta del dictamen definitivo del Tribunal Supremo, lo presumible, con muy alto grado de probabilidad, es que acabe asumiendo la tesis propuesta por la fiscalía -adoptada por unanimidad- de que Pablo Casado no sea investigado por el caso de su máster cursado hace aproximadamente una década. Desde aquí hemos defendido esta postura con argumentos que, a pesar de no estar basados en un conocimiento jurídico purista, nos parecían de una lógica aplastante y nos congratulamos de que las razones aducidas en el informe de ocho páginas emitido por el Ministerio Fiscal, se asemejen bastante a lo que argumentábamos, con las lógicas diferencias en cuanto a lenguaje jurídico.

Lo que era imaginable también es que este informe de la fiscalía fuera a gustar a unos más que a otros y que además se interpretasen los matices de muy distinta manera a pesar de que en nuestra opinión el dictamen es muy claro. Tanta parece ser la falta de objetividad, que a veces en algún medio de los considerados como no afectos a la opción de Pablo Casado, se llegan a exponer criterios distintos sobre la misma información y no nos referimos solo a artículos de opinión.

Pero la que nos ha parecido verdaderamente inaudita es la postura de la Fiscal General del Estado, doña María José Segarra, quien a pesar de la clara desautorización que el informe hace del dictamen de la juez de instrucción, ella sigue manteniendo las posturas de esta última contradiciendo claramente lo que sus funcionarios han expuesto.

El informe señala que ningún dato avala una concertación entre Casado y el director del máster, que la jueza Rodríguez-Medel no se atiene a los criterios del Supremo, que sus indicios son poco consistentes y sus acusaciones se basaron en meras sospechas y conjeturas y que el Ministerio Público no entra a valorar siquiera los indicios de cohecho.
Pero una vez conocido el informe, la señora Segarra hizo la siguiente declaración ante la prensa: "…...hemos pedido que no se admita la competencia del Tribunal Supremo porque, atendiendo a los indicios que expone la magistrada en su exposición razonada, y compartiendo la exposición en la medida en que transmite que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho, ella misma expresaba que este estaría prescrito, por lo que no procede investigar esos hechos".
Es decir y en resumen, que mientras el Ministerio Publico descalifica a la juez de instrucción, no encuentra motivos para abrir una causa penal por cohecho y dice que ni siquiera se plantea investigar ese presunto delito, lady Segarra afirma, por el contrario, que el mismo Ministerio Público comparte el criterio de la instructora de que podría haber delito y que si no se investiga es porque está prescrito. Y para más inri, todo ello tras haber tenido que avalar el informe. Ya sabemos aquello de una vela a Dios y otra al diablo, o el sí pero bueno.

Recordemos que María José Segarra es quien decidió investigar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por las actuaciones del uno de octubre de 2.017, mientras parece mostrar poco interés en las investigaciones sobre la posible pasividad de los Mossos ese mismo día más allá de la imputación de su jefe, Trapero, que se implementó antes de llegar ella al cargo. Y recordemos también que pertenece al mismo partido que la actual Delegada del Gobierno en Cataluña, rama PSC, Teresa Cunillera que, mientras los independentistas celebraban, con Torra al frente de una nueva manifestación, el aniversario del cerco a la sede de de la Consellería de Hacienda que provocó el ancausamiento de líderes de Omnium Cultural, mientras despreciaban con su ausencia, una vez más, la presencia del jefe del estado en Cataluña, mientras siguen en sus trece adoctrinando día tras día en las aulas y en TV3, mientras siguen abriendo embajadas en el extranjero con el dinero de todos los españoles, mientras se reafirman día tras día en sus posicionamientos de insumisión e indocilidad, la señora Cunillera no encontró otro momento más adecuado para pedir la amnistía de los políticos presos antes de que sean juzgados. Fue tal el guiño al independentismo que casi se debió dar de bruces en el suelo, por mucho que después tratase, tal vez por verse obligada, a rectificar -¿les suena?- mientras, Sánchez puede que aplaudiese a rabiar tras tantos mohines como los ya comentados del ministro Borrell. Y es que no tienen remedio.

Pero volviendo al tema inicial, no nos cansaremos de repetir la perversión de la justicia que supone la prerrogativa de los gobiernos de nombrar jueces y fiscales como ocurre en este caso con la Fiscalía General del Estado y la correspondiente falta de imparcialidad que ello conlleva. Este pecado lo han cometido todos los gobiernos pero ahora, que le vamos a hacer, tenemos que referirnos al que está en el ejercicio del poder que es el del PSOE de Pedro Sánchez. Todos los partidos se han quejado cuando estaban en la oposición pero nadie quiere remediarlo cuando está en el poder y tampoco vemos a ningún otro partido presentar iniciativas legislativas en el parlamento para terminar con esta lacra.
Se ve que a algunos les parece suficiente iniciativa la de pedir referéndums sobre los toros y memeces del mismo jaez.

La justicia estriba en la imparcialidad, y sólo pueden ser imparciales los extraños
George Bernard Shaw