De los más de 5400 jueces que ejercen en España, más de 3000 pertenecen a alguna de las asociaciones judiciales que existen. La “Asociación Profesional de la Magistratura” (conservadora) y la “Asociación Francisco de Victoria” (considerada centrista) son las mas numerosas y, junto con el “Foro Judicial” que se declara independiente, agrupan al 84% de los jueces españoles afiliados, mientras que “Juezas y Jueces para la Democracia” solo cuenta con el 14,5% de ellos. Son datos extraídos de Internet y, por tanto, no oficiales, pero parecen asemejarse mucho a diversas informaciones de prensa y resultan creíbles.

Los números explican muy bien por qué las izquierdas y sus medios afines manifiestan su disconformidad con que los miembros de los distintos tribunales sean elegidos por los propios magistrados y refuerza la creencia de que para el reciente acuerdo sobre el CGPJ con el PP, el PSOE se haya sentido obligado por Europa aunque, inmediatamente, se hayan puesto a cuestionar el modo de selección pactado.

Los izquierdistas están criticando visceralmente a la derecha por censurar las sentencias del Tribunal Constitucional mientras ellos no dejan de hacer lo mismo con el Tribunal Supremo y con cualquier juez que no acepte fielmente sus postulados. Parece que solo la prensa más incondicional y los muy sectarios "progresistas" les creen, pero con su tradicional modo de ganar casi siempre la batalla del relato, están logrando que mucha gente acepte que los unos y los otros hacen lo mismo y que se atacan mutuamente mientras actúan de la misma manera.

Pues no, no es así:

El Tribunal Supremo sigue diciendo lo que antes dijera, no se ha vendido, mantiene la misma postura que cuando sentenció a los golpistas catalanes y sigue sosteniendo que la Amnistía es anticonstitucional, la misma convicción, además, que manifestaba al unísono todo el sanchismo hasta el 22 de julio de 2023; el Supremo ratificó las sentencias de la Audiencia de Sevilla sobre el mayor caso de corrupción habido en España (ERES). y continúa diciendo lo mismo. Además, todos los jueces tienen el derecho y la obligación de instruir causas contra cualquier ciudadano o ciudadana denunciado si hay indicios de delito, se llame como se llame y sea cual sea su familia aunque sea la del presidente del gobierno.

Sin embargo, el TC se ha constituido en tribunal de casación, probablemente contraviniendo lo estipulado en la Constitución, para anular desvergonzadamente las sentencias de los ERE sin el menor rubor por mancharse las togas con el polvo del camino y aceptando las consignas del "puto amo"; el TC está trufado de antiguos altos cargos del gobierno, algunos de los cuales debieron, al menos, abstenerse en dichas sentencias. El TC practica la llamada obediencia debida al igual que hacen la Fiscalía y la Abogacía generales del estado/gobierno y eso lo sabe cualquiera que no se tape los ojos a conciencia.

Así que no, no es lo mismo, no hay empate alguno.