Parece inadecuado que los jueces y los fiscales puedan tener afiliación política conocida y, en ocasiones, muy manifiesta. Se supone que su profesionalidad les llevará siempre a aplicar la ley con total imparcialidad pero nos sobran los ejemplos de circunstancias en las que eso no ocurre, viviéndose en la actualidad quizás el peor momento desde la restauración de la democracia en España.

La conservadora APM o “Asociación Profesional de la Magistratura” y la centrista “Asociación Francisco de Victoria” son las agrupaciones de jueces más numerosas y  junto con el independiente  “Foro Judicial”, agrupan al 84% de togados, mientras que “Juezas y Jueces para la Democracia”, supuesta progresista, solo cuenta con el 14,5%, todo ello deducido de datos obtenidos de internet que resultan fiables. Los números explican por qué las izquierdas y sus medios afines manifiestan disconformidad con que los miembros de la judicatura sean elegidos por los magistrados.

El sanchismo critica a la derecha por censurar las sentencias del Tribunal Constitucional pero ellos cuestionan al Tribunal Supremo y a cualquier juez que no haga lo que plazca a tan descerebrada izquierda actual si es que izquierda puede ser considerada, porque parece dudoso que además de ser arribistas tengan alguna ideología definida. Solo la prensa incondicional, el loropark de opinión sincronizada, y los más sectarios les creen, pero con su tradicional modo de ganar la batalla del relato, pueden lograr que muchos acepten que los unos y los otros se atacan mutuamente mientras actúan de la misma manera.

Pues no, de ningún modo: El Tribunal Supremo mantiene la misma postura que cuando sentenció a los golpistas catalanes y sigue sosteniendo que la Amnistía es anticonstitucional -la misma convicción que manifestaba todo el sanchismo hasta las elecciones de julio de 2021-; el Supremo también ratificó las sentencias de la Audiencia de Sevilla sobre el mayor caso de corrupción en España (ERES) y, además, los jueces están instruyendo causas contra cualquier ciudadano/a denunciado si hay indicios de delito, se llame como se llame y ostente el cargo que ostente. Gracias a Dios, la mayoría de los jueces y juezas, hasta la fecha al menos, están soportando con admirable y heroico valor las asfixiantes y amenazadoras presiones que reciben.

Por el contrario, el TC se ha constituido en tribunal de casación, contraviniendo la Constitución, para anular sentencias de los ERE. Un TC que está trufado de antiguos altos cargos del gobierno, algunos de los cuales debieron, al menos, abstenerse en las referidas sentencias. Es un tribunal que practica la obediencia al gobierno del que es correa de transmisión, al igual que la Fiscalía y la Abogacía del ¿estado? (diríase que del gobierno) y eso lo sabe cualquier persona de este país medianamente informada  que no quiera cerrar los ojos.

No, no es lo mismo, no hay empate, y lo cierto es que Sánchez y toda su troupe están cada vez más acorralados aunque habrá que andar con cuidado porque las fieras acorraladas son muy peligrosas.