El nuevo presidente del PP se ha tropezado con un problema que a buen seguro no había previsto a priori: la cuestión del traído y llevado master, cursado, o no, en el año 2.009.

Qué quieren que les diga, pero este parece un asunto menor que, además, transcurridos 9 años, en el peor de los casos estaría prescrito por mucho que la jueza que lo elevó al Supremo se empeñe en considerarlo no solo cohecho impropio o pasivo como sería el haber aceptado una dádiva, sino por haberle añadido una presunta prevaricación administrativa, penada con entre nueve y quince años de inhabilitación, suficientes para evitar su prescripción. Osea que, según Su Señoría, el señor Casado podría pasar más de dos lustros sin poder ejercer por la culpa de una posible convalidación inadecuada.
Quien haya tenido la intrepidez de leer anteriores entradas de este blog, habrá podido comprobar que aquí siempre nos ponemos de parte de los jueces -sustantivo genérico- en aras de la independencia judicial y que siempre les defenderemos por su difícil labor, pero también es cierto que, como seres humanos, serán capaces de cometer algún yerro. Esperemos que el Tribunal Supremo ponga un punto de sensatez en este disparate.
Si, siguiendo el hilo argumental de la jueza, aceptar un favor supone ser partícipe de prevaricación, todos los acusados de cohecho serían también reos de este delito, digo yo. Si al final el TS me quitase la razón seré el primero en aceptarlo aunque siga disintiendo, pero conviene no olvidar que no se pone en duda la titulación como abogado del señor Casado sino que solo se trata de un master de posgrado ¿cuántos otros se han atribuido en sus currículos títulos de los que carecían sin que nadie haya osado siquiera reñirles? ¡Ah, que eran de izquierdas, claro! Hasta Íñigo Errejón, el de la beca black recuerden, se ha permitido el lujo de criticar a Casado.
Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras, como diría Alfonso VI.
En el peor de los casos, repito, en el peor de los casos, estaríamos hablando de cohecho impropio por admitir unas convalidaciones de favor, pero será la justicia la que deba determinar su presunta culpabilidad y no él quien tenga que demostrar una inocencia a la que todos tenemos derecho y que se nos debe presumir mientras no se demuestre lo contrario, aunque se milite en la derecha.
La prevaricación administrativa, hasta un lego lo sabe, solo podría imputarse, en su caso, a quien concedió el título porque este delito implica haber beneficiado a terceros, lo que no puede ser el caso ya que Casado nunca llegó siquiera a utilizar tal titulo y menos a dar nada a nadie.
La presunción de inocencia hace tiempo que pasó a mejor vida en este país. Gran parte de las terminales mediáticas ya han dictado sentencia y, pase lo que pase, el master le perseguirá de por vida, que para eso algunos se las pintan solos. Mientras Zapatero se pasea ufano y luciendo sintonía con Maduro tras dejarnos cerca de la bancarrota y con seis millones de parados, Aznar fue criminalizado por llevarnos a una guerra en la que no participamos, Rajoy fue vilipendiado hasta la nausea hasta echarlo del modo que todos conocemos y ahora le toca a Casado, desde el minuto uno, por el delito, no presunto pero imperdonable, de ser el sucesor. De eso se han librado, al menos de momento, Núñez Feijóo, Sáez de Santamaría o Cospedal; solo por salirse del foco.
El único exdirigente popular que nunca ha sido ni será denostado se llama Jorge Vestrynge ¿por qué será?