Para obtener cualquier empleo generalmente se requiere algún tipo de cualificación, cuando no una titulación adecuada para el puesto en el que se pretende ejercer. No se permitiría a nadie trabajar como albañil si ese alguien no hubiera puesto nunca un ladrillo o no supiera hacer una mezcla de cemento, como tampoco se aceptaría en modo alguno que una persona que no fuese cirujano operase a otra del corazón.

Eso que parece tan elemental en el día a día no es lo que ocurre con nuestros representantes políticos en los distintos parlamentos. Lo único que precisan es ser designados por los dirigentes de su partido siempre que: tengan nacionalidad española, sean mayores de edad (o tengan al menos 35 años para optar al Senado), no estar condenados o inhabilitados por sentencia firme y estar en posesión de todos sus derechos civiles. Ciertamente la mayoría son gentes con estudios y bien cualificadas, pero todo lo anterior no impide que una persona analfabeta pueda conseguir sentarse en algún escaño de los parlamentos nacionales o autonómicos. Desconozco si en alguna ocasión eso ha podido ocurrir pero, desde luego, hemos visto a algunos zotes ocupar un asiento parlamentario solo porque sus mandamases han considerado ideológicamente conveniente exhibirlos, e incluso se ha dado el caso de una señora que fue declarada por un tribunal médico incapacitada sicológicamente para ejercer como militar, incluidos los puestos administrativos no operativos, que fue seguidamente presentada en las listas de un partido por el que fue elegida diputada.

Todos ellos y ellas cobran generosos sueldos que pagamos a escote los españoles con nuestros impuestos y a veces solo para que paseen sus cuerpos serranos por los escaños sin aportar nada positivo a su papel como legisladores. Y eso es algo que no debieramos tolerar.

Al mismo respecto, hay otro asunto que probablemente se debiera tener en cuenta: si todos los diputados y senadores deben presentar su declaración de bienes patrimoniales tanto al tomar posesión como cuando cesan, lo que nos parece muy bien, ¿no deberíamos también conocer cual es su CI o coeficiente intelectual? Eso nos daría muchas pistas para entender el por qué de cuando oimos a algunas o algunos decir banalidades, frivolidades e incluyo necedades con demasiada frecuencia. Solo hay que oir las noticias y ver los telediarios para entender que lo que digo es cierto. Tampoco creo que que haya que exigirles tener un CI superior a 120, aunque tampoco vendría mal, pero estar por debajo de 100 -y no deben ser pocos quienes lo hagan- debiera ser motivo suficiente para impedir su acceso a las cámaras y, quizás así, evitaríamos oir tantas palabras vanas y padecer tantas actitudes absurdas como vemos demasiadas veces.

Mucha culpa de todo esto la tenemos los propios ciudadanos, que nos hemos vuelto muy "pasotas" en temas relacionados con la política, al menos desde que nos gobierna una coalición slocialcomunista.

Ya decía Platón que: "el precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores".