El desmedido interés del gobierno en seguir manteniendo un Estado de Excepción encubierto, situación jurídica que cada vez se antoja más innecesaria, tiene una sencilla explicación y el propio ejecutivo se encarga día tras día de mostrarla y darnos la razón en nuestras apreciaciones.
Mientras van abriendo poco a poco bares, restaurantes y espectáculos, cuando todo va adquiriendo poco a poco un tinte de normalidad, cuando la gente sale a pasear y a hacer deporte o las familias se van pudiendo reunir, mientras muchos trabajadores no han dejado de trabajar en ningún momento, el Congreso y el Senado llevan meses prácticamente inactivos, lo que permite al Consejo de Ministros seguir haciendo de su capa un sayo y gobernar a base de Reales Decretos sin control parlamentario alguno, les faculta para limitar de manera considerable el derecho de manifestación y ejercen un férreo control sobre todo aquello que al gobierno le interesa opacar. Sánchez tratará de prolongar la actual situación cuanto pueda al precio que sea. PS y sus acólitos temen lo que, desde la judicatura o también en modo de protestas callejeras, les puede caer encima cuando cese el Estado de Alarma. A la inactividad de unos Parlamentos cuyas señorías siguen cobrando sueldos nada escasos mientras permanecen mano sobre mano a la vez que muchos españolitos empiezan a sufrir los embates y dentelladas del hambre por seguir sin cobrar los cacareados ERTE, se une que los juzgados también siguen cerrados a cal y canto sin que podamos entender bien las razones de que estos órganos judiciales no empiecen a tomar aire. Mantener el poder legislativo confinado y el poder judicial clausurado -solo con servicios mínimos-, es la forma de gobernar habitual de los regímenes dictatoriales y confirma que este gobierno tiene una clara vocación totalitaria.
El último episodio protagonizado por el Ministro del Interior (lleva destituidos 14 altos cargos de su Ministerio, según él por pequeños reajustes) cesando a un Coronel de la Guardia Civil de extraordinario currículo, por "pérdida de la confianza" (...?), pero cese realmente motivado por el hecho de que el Oficial cumpliera exactamente sus obligaciones como policía judicial acatando las decisiones de un juzgado, decisión inexplicable en un Ministro que ejerció de juez, es la prueba del nueve que demuestra la vocación autoritaria de este gobierno que intenta alargar todo el tiempo posible la inactividad de unos juzgados que van a hervir con las múltiples demandas que ellos van a tener que afrontar cuando abran sus puertas. Tras muchos años de ejercicio profesional en la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska ha llegado a la misma conclusión que Sánchez y su socio preferente, Iglesias: eliminando la separación de poderes es más fácil asaltar los cielos.
La enorme cantidad de demandas que el gobierno va a recibir producirá un enorme desmayo en una justicia ya de por sí colapsada, pero el gobierno va a tener mucho trabajo para defenderse; incluyamos casos como el de Ábalos y las maletas de doña Delcy, hoy aletargados pero que volverán, y aun llegarán muchos más. Creo que es improbable que prosperen las denuncias por la presunta responsabilidad negligente en la crisis sanitaria, por mucho que su indolencia sea patente -cómo me alegraría errar-, debido a la dificultad en términos jurídicos de demostrar la “causalidad” de las actuaciones en tantos contagios y fallecimientos, pero les va a ser muy difícil explicar a los jueces el por qué de tantos millones derrochados en contratos fake, compras a empresas ilocalizables o a empresarios afines y dineros desaparecidos sin saber cómo ni por qué. Lo van a tener difícil, muy difícil.
A Sánchez y Marlaska, a Marlaska y Sánchez, cada vez parecen agradarles más los métodos propugnados por su aliado, su amigo de la larga coleta morada. No sé si será Dios quien les habrá criado pero ellos supieron juntarse.
