La gran corriente de inestabilidad política que padece el continente americano comienza en México, el país a caballo entre la América del Norte y la Central, gravemente afectado por los cárteles de la droga, y gobernado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un populista de izquierdas tan amigo de Evo Morales que le acogió cuando este hubo de huir de la convulsa Bolivia. La inseguridad en Latinoamérica se extiende a lo largo del continente hasta el cono sur, donde Chile se debate entre múltiples problemas internos y Argentina ha vuelto a manos del populismo, una República Argentina de nuevo gobernada por el peronismo izquierdista con un títere de la viuda de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, el figurante Alberto Fernández, que ha asilado finalmente al mismo cadáver político, al Morales que AMLO auxilió. Las noticias, sobre todo económicas que llegan de la que un día fuera la rica y próspera República Argentina no pueden ser más desalentadoras, pero afortunadamente no alcanzan el dramatismo de lo que está sucediendo en la Nicaragua de Daniel Ortega o en la Venezuela del chavismo enajenado y criminal. Con Guatemala, Perú, Honduras, Colombia y otros países, unos con graves crisis actuales y otros tras dificultades recientes, el panorama no resulta alentador.
En este contexto nos vamos a detener en un pequeño y superpoblado país centroamericano al que ya aludimos en este blog allá por el mes de mayo pasado, la republica de El Salvador, con poco más de 21.000 kilómetros cuadrados y casi seis millones y medio de habitantes a los que podemos añadir el millón seiscientos mil emigrantes la gran mayoría residentes en Estados Unidos, aunque la diáspora se extiende por numerosos países incluida la propia España en la que están censados 9.524 salvadoreños.
El Salvador sufrió una cruenta y cruel guerra civil que duró doce años (1.980-1.992) que libraron las fuerzas gubernamentales y la guerrilla revolucionaria del FMLN, conflicto que llegaría a su final una vez suscritos los acuerdos de Chapultepec y tras los que el frente opositor se convirtió en un partido político de izquierdas. Desde que acabara la guerra y hasta el mes de junio pasado siguieron alternándose en el poder el mismo grupo derechista ARENA que gobernaba antes y durante el conflicto y el reconvertido FMLN. Lamentablemente la corrupción fue la norma general de ambos y el pulgarcito de Centroamérica permaneció sometido a la camorra política, probablemente la mafia más contaminada que jamás había sufrido.
Después de más de un siglo en manos de dictaduras oligárquicas, tras una larga y sangrienta guerra que no solucionó ninguno de sus problemas, y después de 27 años sumidos en la corrupción de los políticos de ambos partidos, era muy difícil que el pequeño estado centroamericano levantase cabeza y menos aun por haberse convertido, entre otras causas probablemente la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, en uno de los paraísos de las bandas delincuenciales, de la “maras”, entre las que destacan la Salvatrucha (MS-13) y la M18 (Barrio 18) que, aunque ambas nacieran en Los Ángeles, fue en El Salvador donde encontraron su máxima expansión, aunque también han extendido sus tentáculos por otros países entre los que se incluye España donde, hasta el momento al menos, las llamadas bandas latinas no desarrollan una actividad muy intensa.
Sería en 2.019 cuando ganase las elecciones para gobernar, el partido GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) un partido de centroderecha a cuyo frente está un joven político de 38 años, Nayib Bukele, hijo de palestino emigrado a El Salvador y madre salvadoreña, ex alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, y también antiguo miembro del partido político FMLN.
Como indicábamos, en este blog ya nos habíamos referido a esta circunstancia en vísperas del primero de junio en que Bukele asumió su cargo, y lo hacíamos con la esperanza de que nuevos e higiénicos tiempos dieran comienzo para este pequeño país de la América hispana. En principio no parecieron vanas las esperanzas depositadas, debido a las políticas moderadas y sensatas de don Nayib hasta que cometió el grave error que nos ha producido esta gran decepción. Y es que una de las tareas más importante que el nuevo gobierno se propuso fue la de intentar acabar o minimizar todo lo posible la galopante delincuencia, algo en lo que sí ha parecido que se estaban haciendo progresos y en lo que se ha invertido ya mucho dinero tras el plan presentado el 18 de junio de 2.019 por el propio presidente.
La solución de Bukele pasaba, entre otras, por la aprobación de un crédito concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), financiación de $109 millones con los que equipar a la Policía y al Ejército adecuándolos a dicho plan de erradicación de la violencia. El crédito debía contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa que fue convocada por el gobierno para el 9 de febrero pasado en sesión extraordinaria, convocatoria que, al parecer y aun siendo legal, no resultaba del gusto de la mayoría del Parlamento. Al pleno no asistieron más que 20 de los 84 miembros que componen la Asamblea y el desatino final, la sorpresa que nunca creímos se pudiera producir, consistió en la orden del presidente de ocupar militarmente el Parlamento como medida para presionar a los diputados, con la vana esperanza de así lograr una aprobación que, ni se produjo, ni hasta la fecha sepamos que se haya producido.
La oposición no tardó en condenar una medida de corte tan dictatorial y la repulsa internacional tampoco se hizo esperar, desde los Estados Unidos a la Unión Europea, de Amnistía Internacional a la mayoría de los países, todos han reprobado esta improcedente acción armada. Sorprende que ni Bukele haya dimitido de motu propio ni se haya visto obligado a ello por la presión opositora o el ímpetu de una sociedad, quizás demasiado adormecida tras tanto padecimiento, a la que no parece haber dejado excesivamente asombrada una medida que incluso ha contado con cierto apoyo.
Que un político al que creíamos juicioso como Bukele no haya sabido entender en qué consiste la separación de poderes resulta muy preocupante pero, dado que no se ha producido el cese como parecería lo más oprtuno, ya que, para nuestra sorpresa, el gobierno no se ha visto obligado a dimitir en pleno y convocar nuevas elecciones, cabe esperar que la experiencia haya sido solo fruto de la inexperiencia y lo suficientemente aleccionadora como para que no se vuelva a repetir y ya solo nos queda la opción de, por supuesto, desearles a todos el mayor éxito en su lucha contra la delincuencia y por la prosperidad de la nación, tareas que asemejan ser harto dificultosas y que nos hacen albergar no muchas esperanzas.
