¡Ay, la justicia!

Hemos sido, somos y seremos, firmes defensores de la independencia del poder judicial. Nos esforzamos en aceptar lo que sugiere esa imagen de Temis, la diosa griega de la justicia , con la espada, la balanza y los ojos vendados, e intentamos con todas nuestras fuerzas confiar en la autonomía de la que hacen gala nuestros jueces y nuestro sistema jurídico. Al menos hasta ahora confiamos e intentamos creerlo así.

Sí, por el momento, intento estar seguro de que nuestra sistema legal es uno de los que, en todo el orbe, goza de mayor grado de alejamiento de lo que, en su caso, le pudiera requerir el poder político. Pero nada es perfecto en este deforme universo que nos ha tocado vivir y siempre hay y habrá cosas que nos cuesta mucho digerir. Tendré que admitir que los temas que a mi me escandalizan, a otros les pueden parecer perfectamente aceptables, del mismo modo que bien podría ocurrir que, por el contrario, yo encontrase correctas otras actuaciones judiciales ante las que ellos se puedan rasgar las vestiduras. Pero como quien escribe estas líneas es un servidor, contaré mi versión que ya hay muchos que cuentan otras diferentes.

El caso es que yo les sugeriría a ustedes que saliesen a la calle y preguntasen a  los ciudadanos de este país, todavía llamado España, cuantos son capaces de entender y explicar qué es lo que está sucediendo con el caso de la familia Pujol y cual es la razón para que el asunto lleve tantos años en manos de la justicia, con peligro de prescribir, sin que se haya resuelto casi nada y sin que las explicaciones -escasísimas aclaraciones- resulten mínimamente convincentes.

Del mismo modo, resulta difícil discernir el motivo para que exista tan poco interés judicial en investigar a fondo y la enfermiza tendencia a archivar con rapidez, los muchos casos, y muchos son muchos, con tan abundantes indicios como existen, sobre la sospechosa financiación y no solo al principio, que ha podido recibir el partido Podemos. Pruebas, algunas presentadas en la misma Venezuela por el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI); y ya veremos en qué queda la investigación de lo más recientemente ocurrido en Bolivia, la vergonzosamente chapucera visita de ¿cortesía? de la número dos de la Embajada de España en ese país a su homóloga Embajadora de Méjico,  a una Embajada en la que están refugiados varios prófugos de la justicia boliviana actual, entre ellos Juan Ramón Quintana y Héctor Arce, ambos presuntamente relacionados, el primero con el narcotráfico y el segundo con la financiación a la fundación CEPS, origen del actual Podemos. Resulta fácil sospechar, como afirma el gobierno boliviano, que se trataba de extraerlos y liberarlos a causa del miedo de Iglesias y quizá de Sánchez, a las consecuencias y datos que surjan de su posible procesamiento. Sospechas y más sospechas, conjeturas sí, pero con alta dosis de credibilidad; muchas, pero todo será debidamente tapado y ocultado por los abundantes medios progres y habrá poca demostración de interés judicial en investigar, tal como ya está sucediendo con la denuncia que presentaron, por supuesta financiación ilegal, dos ex administradores expulsados de la formación.

Uno tras otro: caso Neurona, caso de presuntos cobros en paraísos fiscales, dineros provenientes de Irán, cobros millonarios por simples informes hechos por un no experto en la materia sobre una moneda que nunca tuvo visos de existir…

Otro asunto preocupante es el protagonizado por la Abogacía del Estado aunque esta no pertenezca al sistema judicial y sea tan solo un órgano que ejerce las funciones de  asesoramiento y defensa de los intereses de la Administración frente a otros. Pero como su nombre deja bien patente, es al estado a quien tiene que auxiliar y no al partido que esté en el gobierno.  Al jurista, hoy Diputado de Cs Edmundo Val, le costó el puesto oponerse a las intenciones del ejecutivo de acusar a los líderes del “procés” solo por sedición, y el último informe de la Asesoría acerca de la inmunidad de Junqueras solo causaría hilaridad si el asunto  no resultase tan lamentable. Después de presentar un manifiesto en el que juraban por Snoopy que sus decisiones eran elaboradas desde la más estricta  independencia, no habían transcurrido más doce horas cuando hacían público el informe que contenía exactamente todo lo que el gobierno deseaba y complacía a ERC y Junqueras. La Asesoría, como hemos dicho, no forma parte del sistema judicial pero sí ha tratado de influir en la Junta Electoral Central -que recibió múltiples presiones políticas pero supo finalmente actuar con dignidad- y en el Tribunal Supremo para que aceptaran sus  considerandos que es tanto como decir los del gobierno. El tribunal Supremo también hará lo que debe o al menos queremos creer que lo hará, pero también recordamos aquella frase de Pedro Sánchez: ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso…

Creo que Temis, la diosa, se tapará los ojos solo por no ver lo que puede llegar a pasar. Y es que cuando la política empieza a meter sus narices en la justicia, es que ocurre algo muy grave  que nos debe empezar a  preocupar.

Como expresara Mercedes Alaya, la juez ninguneada y vituperada por la Junta de Andalucía en tiempos de Susana Díaz y por los medios más progresistas de España, en un acto en el Ateneo de Madrid de junio de 2.017, acto organizado por la Plataforma Independencia Judicial y la Fundación Hay Derecho: la independencia judicial se está tambaleando por momentos (…) la independencia judicial está en crisis y eso implica una crisis, también, de nuestro estado de derecho.

Eso ocurría hace casi tres años, tiempo en el que parecemos haber hecho grandes avances negativos. Una de las prioridades de las dictaduras es controlar el sistema judicial del estado. La justicia  se convierte en una de  las primeras víctimas de las autocracias.